CONTRATOS COVID

Un ex alto cargo de Sánchez admite al juez que aceptaron «sobrecostes de los chinos tras pagarles»

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El ex director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso Jiménez Palacios, y uno de los imputados por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos covid que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez, aseguró ante a la juez Concepción Jerez, titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que «llegaron a pagarse sobrecostes» en algunos de los contratos para la obtención de material sanitario durante la pandemia. «Incluso a veces, después de haber pagado por adelantado a la empresa, en alguna ocasión, nos ocurrió que nos pidieron más dinero de la cantidad pactada y tuvo que pagarse más», ha afirmado el investigado en su declaración ante la magistrada.

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a la declaración del ex director de INGESA, Alfonso Jiménez; la ex directora de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado; y la ex directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, imputados por las presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la crisis provocada por el covid-19.

El pasado 7 de abril de 2022, Alfonso Jiménez –ahora jubilado– manifestó cómo se realizaba la contratación: «En muchas ocasiones me daban una opción con un precio. Y no se podía elegir, se compraba eso o no se compraba nada, porque cambiaba a veces en horas y de un día para otro. No sólo cambiaban los precios, sino también la posibilidad de adquirirlos. Me decían: «Es esto a este precio». Y si lo quería tenía que pagar por adelantado. En China se pagaba por adelantado, si no se hacía así no había trato».

El ex alto cargo del Gobierno socialista reconoció a la juez que, en algunas ocasiones, pagaron un coste más elevado del pactado inicialmente a las empresas asiáticas para que éstas cumplieran con el acuerdo. «Incluso a veces, en alguna ocasión nos ocurrió que, después de haber suscrito el acuerdo y de haber pagado por adelantado, la empresa nos dijo que no nos daba el producto por la cantidad de dinero pactada previamente. Hubo que rehacer el acuerdo y hacer una nueva memoria justificativa para comprar a otro precio. Ocurrió, por ejemplo, con la adquisición de guantes de nitrilos que nos hacían muchísima falta en el Sistema Nacional de Salud. Y, o comprábamos eso o no comprábamos nada porque no había material», explicó.

Sobrecoste en las compras

El organismo dirigido por Alfonso Jiménez, dependiente del Ministerio de Sanidad bajo la tutela de Salvador Illa, pagó 3,6 millones de euros de sobrecoste por comprar guantes de nitrilo en China, en concreto un 177% más caros que los españoles. Entre el 20 y 30 de marzo del 2020 cuatro empresas suministraron guantes de nitrilo al Ingesa, encargado de proveer de material sanitario a las comunidades autónomas para su lucha contra la pandemia.

Medline International Iberia, una empresa nacional, vendió 5.840.000 pares de guantes al precio de 183.726,40, es decir 0,03146 euros el par. Otra empresa española, Suministros Hospitalarios, vendió al ministerio de Illa 173.000 pares de guantes al precio de 7.117,22 euros, lo que supuso un precio de 0,04114 euros. La tercera empresa española que ofertó este mismo tipo de material al ministerio fue Sanicen que vendió 4.735.000 pares al precio de 169.015,83 euros, a 0,03569 euros el par. Pero la compra definitiva de este material consistió en un pedido de 100 millones de pares que se hizo a la empresa china Hong Jin Medical Science and Tecnology Service Ltd. por 8.711.554,44 euros.

Ese precio pagado a la empresa asiática supuso una diferencia del 177% de sobreprecio respecto a la española Medline, un 211% más caros que los de Suministros Hospitalarios y un 244% más que los de Sanicen. La querella presentada por Vox, que dio origen a esta causa, reflejaba la media aritmética del precio de los guantes españoles y su valor era de 0,0361 euros el par, lo que significaba según su denuncia que «la malversación estimada» sería de 3,6 millones de euros.

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